Varios fenómenos sociodemográficos van tener un fuerte efecto en el devenir económico de España en los próximos años.
MENOS HIJOS
Los últimos datos de natalidad no hacen más que confirmar un panorama
muy oscuro. Tenemos menos hijos. Según la Estadística del Movimiento
Natural de la Población del INE, en la primera mitad de 2017 (último
periodo con datos disponibles) se produjeron en España 187.703
nacimientos, es decir, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año
anterior. Una tendencia que se inició en 2008, con el estallido de la
crisis, que se interrumpió en 2014, y ha continuado los años
posteriores, a pesar de la recuperación económica. El retroceso, además,
es común en todo el país, ya que solo hubo aumentos en la ciudad
autónoma de Melilla.
En el conjunto de la Unión Europea, España es
uno de los dos países con menor tasa de fecundidad, de 1,34 niños por
mujer en 2016, al igual que Italia. Esta cifra contrasta con los 1,92
niños por mujer que se dan de media en la vecina Francia y con los 1,6
de media de la Unión. También España es el país europeo donde se tiene
el primer hijo más tarde, a los casi 31 años, frente a los 29 años de
media de la UE, según Eurostat.
Además, las perspectivas no son muy halagüeñas. De acuerdo con las
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, hasta 2065, la tasa
entre las madres españolas no llegará al 1,4 hijos por mujer, aunque eso
sí, entre las madres extranjeras que viven en España pueden superar los
1,9 hijos, una cifra más cercana a la media europea.
El elevado
nivel de desempleo juvenil, las dificultades para encontrar un empleo
estable y formar una familia, el complicado acceso a la vivienda y el
golpe de la crisis económica, que se ha cebado con el colectivo que se
encuentra en edad de tener hijos, son los argumentos que explican esta
tendencia. Pero los analistas indican otros factores que también se
deben considerar.
"El aumento de las familias con un solo hijo es
el efecto lógico del aumento del coste de oportunidad de tener un hijo.
Las economías conforme crecen y se desarrollan económicamente, la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado, el mayor
nivel de formación necesario para los hijos, el establecimiento del
estado de bienestar y los cambios en las pautas de consumo, han
provocado que las parejas tengan cada vez menos incentivos a tener hijos
y cambiar esa tendencia va a ser muy difícil, al menos a medio plazo",
explica José Luis Malfeito, profesor de Economía Aplicada de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Julio Pérez Díaz,
investigador en Demografía del CSIC, habla de la eficiencia
reproductiva: baja la fecundidad porque crecen la supervivencia y la
esperanza de vida. "Es fácil entender que el éxito reproductivo aumenta
si la generación de hijos vive vidas más largas que la generación de
progenitores. Incluso es posible una eficiencia mayor teniendo menos
descendientes, si estos viven muchos más años", explica.
Destaca
así "las enormes y profundas transformaciones que están experimentando
las relaciones de género, visibles en la distribución del trabajo
productivo y reproductivo en el ciclo de vida, en el declive del
patriarcado o en la privatización de la sexualidad". Esta tendencia,
explica, conduce a una estructura por edades novedosa con un peso mucho
mayor de las personas que ya dejaron atrás el periodo fértil de su vida.
MÁS VIEJOS
Justamente es una
consecuencia de la tendencia anterior. Pero también es fruto de la
mejora de la esperanza de vida. Somos más viejos y eso puede ocasionar
un shock económico sin precedentes.
En 2031, más de una cuarta
parte de la población tendrá más de 65 años (un 25,6%), según las
Proyecciones de Población 2016-2066 del Instituto Nacional de
Estadística. Y este colectivo será aún mayor en 2066, para cuando el
organismo estadístico prevé un tercio de los españoles por encima de esa
edad. "La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría
de las 16.460 personas en la actualidad a más de 222.104 dentro de 50
años", calcula.
"Ya ha nacido la generación en la que el 50% de los miembros llegarán
a los 90 años. España es un país mayor", decía recientemente Rafael
Puyol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de
Madrid, en la sesión "Demografía y Longevidad en España 2030",
organizada por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma
España.
Además, este reto se complica con la próxima jubilación de
la extensa generación del conocido como 'baby boom'. Aquellos nacidos
en el boom demográfico de los años 60. Evidentemente, este fenómeno va
poner a prueba al sistema público de pensiones. "El envejecimiento
aumenta la tasa de dependencia. Los efectos de ello dependerán en gran
parte de la evolución de la economía (crecimiento económico y aumento de
la productividad) y de cómo se financie el consumo de los mayores",
afirma Francisco Goerlich, catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico e investigador del Ivie.
La consabida preocupación sobre
el impacto del envejecimiento en las pensiones, junto con las
indicaciones de los organismo internacionales, ha llevado a diseñar en
los últimos años dos importantes y polémicas reformas del sistema
público, a un creciente debate público y a la vuelta al foco mediático
del Pacto de Toledo. Los economistas y políticos buscan la receta para
hacer frente a este difícil examen, mientras que las protestas de los
pensionistas se han incrementado en los últimos meses.
Pero hay
más efectos. "El consumo también se puede ver alterado con ese
envejecimiento, en tanto que la demanda de los grupos de edad más
avanzada es diferente a la de otros grupos más jóvenes. En este sentido
probablemente perderán peso en la actividad económica bienes y servicios
vinculados al consumo joven y crecerán otros relacionados con el
consumo propio del colectivo de personas mayores como los servicios
geriátricos, la atención domiciliaria, el turismo especializado y los
servicios médicos de fisioterapia y rehabilitación", dice Malfeito, que
también destaca que las economías más deberán afrontar el reto del
aumento del gasto social para cubrir las necesidades sociales que el
envejecimiento de la población supone en materia de sanidad y de
servicios sociales a la tercera edad.
Además, Javier Vega de
Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, apuntaba en las mismas
jornadas que "una sociedad que envejece tendrá menos capacidad para
innovar en un mundo en plena transformación en el que la innovación es
más importante que nunca".
Julio Pérez Díaz cree que este
envejecimiento fruto de la menor fecundidad es el paso lógico en una
sociedad más evolucionada, con menos mortalidad, con más mujeres
trabajando y mayor planificación familiar.
Pérez Díaz alerta del
"alarmismo demográfico". En este sentido se han manifestado otros
demógrafos en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los
Diputados. El director del Centro de Estudios Demográficos, Albert
Esteve Palos, señaló que "España tiene una demografía todavía suficiente
para sostener un sistema de pensiones y suficiente en idea de reparto".
Juan Antonio Fernández Cordón, que ha sido demógrafo del CSIC, indicaba
que "una población con menos jóvenes en edad de trabajar puede producir
más que ahora. El margen de crecimiento de la tasa de empleo es grande"
y aseguraba que "la demografía no es un obstáculo para crecer".
En
cambio, el Banco de España alertaba recientemente de que el proceso de
envejecimiento poblacional afectará al potencial inversor de las
economías avanzadas. En concreto, aseguraba que "la inversión podría
resentirse en la medida en que las tendencias demográficas adversas
afecten a las expectativas de crecimiento potencial y a la evolución de
la productividad, si bien el incremento relativo de la oferta de ahorro
tenderá a inducir tipos de interés más reducidos. Los trabajos
disponibles también han resaltado el hecho de que la innovación en una
población envejecida podría ser menor, lo que reduciría la productividad
marginal del capital y, por tanto, la inversión". No obstante, el
organismo también señalaba que "algunos autores han destacado que el
envejecimiento y el progreso tecnológico podrían llevar a un aumento de
la intensidad del capital por trabajador, lo que requerirá mayores
niveles de inversión, también como resultado del cambio relativo en el
precio de los factores productivos, en un contexto de escasez del factor
trabajo, de manera que el precio del capital se reduciría, en términos
relativos".
VIVIMOS SOLOS
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística son muy
llamativos en este campo. Los hogares que más aumentan son los
compuestos por una sola persona. En 2017, el número medio de hogares en
España se ha incrementado en 66.700, la mayor parte de este incremento
(49.100) ha sido de hogares unipersonales, que ya suponen el 25,4% del
total.
Así, hay 4.687.400 hogares 'unipersonales, de un total de
18.472.800, frente a los 4.412.000 de un solo miembro que había en 2013
(de un total de 18.217.300). El impacto sobre el consumo y los servicios
es evidente. Está por verse cómo afectará a la evolución del mercado de
la vivienda.
Goerlich indica que se trata de una tendencia que se
da en otros países desarrollados, pero no tiene por qué constituir un
factor determinante que impulse, por ejemplo, al alza los precios de las
viviendas.
MÁS INMIGRANTES
La población extranjera se ha incrementado
un 3,2% durante, es decir, en 146.611 personas, hasta un total de 4.572.807.
Es
el primer incremento desde el 1 de enero de 2010 y la tasa más elevada
de crecimiento desde la registrada al inicio de 2008, cuando marcó una
subida del 7,2%.
"Los últimos años han mostrado que los flujos
migratorios son extremadamente sensibles a las condiciones económicas,
de forma que lo que suceda dependerá de cómo evolucionen esas
condiciones. Lo más razonable es que llegue inmigración relacionada con
la búsqueda de mejores condiciones económicas que en sus países de
origen, y los efectos serán diversos, por ejemplo sobre el mercado
laboral puede cubrir una parte de los puestos de trabajo de baja
cualificación", dice Goerlich.
Así, varios expertos consideran que la llegada de extranjeros puede situarse en torno al
medio millón de personas los próximos años gracias a la recuperación económica.
Justamente
los movimientos migratorios son para Fernando Encinar, jefe de estudios
de idealista, un elemento clave para dinamismo del sector de la
vivienda. "Cada vez son más las personas que están trasladando su
residencia desde pueblos grandes o capitales de provincias a los
mercados donde se está generando empleo, como Madrid, Barcelona,
Valencia, la costa española o los archipiélagos. A este proceso se le
suma la vuelta paulatina de miles de jóvenes que durante varios años se
fueron al extranjero buscando una oportunidad laboral pero que ahora,
con la recuperación económica y la mejora del empleo, están volviendo
pero no a sus ciudades de nacimiento sino, de nuevo, a las zonas donde
se crean puestos de trabajo. Estas dos migraciones de españoles, la
interna y la externa, a la que hay que sumar un número cada vez mayor de
extranjeros que escogen España como su residencia habitual, está
suponiendo una enorme presión sobre el mercado inmobiliario de las zonas
de acogida", asegura.
De hecho, los compradores extranjeros
concentran en los últimos ejercicios una de cada cinco operaciones de
adquisición de vivienda en España. En 2017, los foráneos compraron
100.095 viviendas en España, un 14,2% más que en el año anterior, según
los datos del Consejo General del Notariado.
Para Gemma Pinyol,
directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e
investigadora asociada del GRITIM-UPF, "cuando un país tiene un buen
nivel de desarrollo, está interconectado con el resto de países del
mundo y es, en definitiva, atractivo para empezar nuevos proyectos
vitales, puede asumir que le llegará población migrante". ¿De qué tipo y
qué características? "Esto depende principalmente de dos factores: las
condiciones objetivas de los países de origen, y de cómo se gestiona las
entradas en destino, añade.
Ahora, la economía española, aparte
de convertirse en un destino más atractivo, puede ser una gran
beneficiaria de la llegada de extranjeros. "En un horizonte demográfico
como el que se espera antes de 2040, parece razonable pensar como
posible solución el incentivo a la entrada de trabajadores inmigrantes,
que puedan compensar el déficit de población activa futura y mejorar con
sus cotizaciones la financiación de los sistemas públicos de
pensiones", dice Malfeito. Hay que recordar que el inesperado boom
migratorio (se pasó de 1 a 5 millones de extranjeros entre 2000 y 2008)
de principios de siglo fue directamente responsable de la mitad del
fuerte crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 (con un 3,6% de
crecimiento medio anual), según cálculos de Moncloa.
Desde la
autoridad Fiscal Independiente (AIReF) se apuntaba recientemente en la
misma dirección. Su presidente, José Luis Escrivá, en una comparecencia
en el Congreso explicaba que la salud de la Seguridad Social dependería
de los flujos migratorios y también de elevar la tasa de actividad y
fomentar la natalidad.
Por tanto, habrá que estar atento a la
evolución de estos fenómenos, que pueden conducir a la economía en una
dirección o en otra.
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2018/06/05/5b0bd915268e3e44068b4587.html
